LEY DE DEPENDENCIA

La Ley de Dependencia, que contó con el respaldo de empresaris, sindicatos, movimiento asociativo de personas mayores y personas con discapacidad y una amplia mayoría de grupos políticos ha creado un nuevo derecho de ciudadanía en España: el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas (personas mayores y con discapacidad) a recibir atención por parte del Estado. La ley configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados en la década de los ochenta.

En España, residen más de 1125000 personas dependientes, aunque esta cifra aumentará considerablemente en los próximos años, según las previsiones demográficas.

Hasta la aparición de la Ley de Dependencia, la atención que recibían estas personas recaía sobre todo en su familia y, muy especialmente en las mujeres.

Con el Sistema de Dependencia, el Estado garantiza a las personas mayores y a las personas con discapacidad que no se puedan valer por sí mismas el acceso a: prevención de las situaciones de dependencia, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y de noche, plazas residenciales y otras ayudas técnicas. Además de prestaciones económicas.

El sistema contará además con una serie de centros estatales de referencia de atención a personas dependientes. El Gobierno financiará íntegramente la cobertura básica común para todo el Estado. Además el ejecutivo establecerá convenios con las Comunidades Autónomas para cofinanciar las prestaciones.